Las operaciones, que podrían llevarse a cabo “en pocas semanas”, estarían dirigidas contra presuntos narcotraficantes y laboratorios de droga, utilizando principalmente drones.

Aunque el presidente Trump aún no habría aprobado una decisión final, altos asesores como el secretario de Estado, Marco Rubio, estarían presionando para adoptar una estrategia más agresiva que fuerce la salida del poder de Nicolás Maduro. La justificación de estas acciones se basaría en la premisa de que la permanencia de Maduro y su presunta vinculación con el Cartel de los Soles representa una amenaza directa para la seguridad nacional de Estados Unidos. Esta nueva fase extendería las operaciones militares, que hasta ahora se han concentrado en el mar Caribe, hacia el interior de Venezuela.

El canciller venezolano, Yván Gil, respondió a estas revelaciones en la Asamblea General de la ONU, afirmando que su país “no ha sido, no es ni será jamás una amenaza para nación alguna”. El Gobierno de Maduro ha interpretado estos informes como una confirmación de sus denuncias sobre un plan de agresión inminente, lo que ha motivado la activación de simulacros y preparativos militares en el país. La posibilidad de una intervención directa, aunque sea limitada, genera una gran alarma por el riesgo de una escalada bélica que podría desestabilizar toda la región.