Rodríguez afirmó que la medida busca proteger “la integridad territorial, la soberanía, la independencia y los intereses estratégicos” del país. Sin embargo, la decisión ha generado preocupación en organizaciones de derechos humanos y en la oposición, que advierten sobre el riesgo de una restricción temporal de derechos constitucionales y un cierre aún mayor del espacio democrático. El director de la ONG Acceso a la Justicia, Ali Daniels, manifestó que la principal inquietud es la posible “suspensión o limitación de derechos que no se ajusten a la realidad” de la amenaza. La firma del decreto se produce en el contexto del despliegue naval estadounidense en el Caribe y las recurrentes acusaciones de Washington contra el Gobierno de Maduro por presuntos vínculos con el narcotráfico.