El caso de Manuel Alejandro Tique, un ingeniero que trabajaba para la ONG Consejo Danés de Refugiados, es emblemático. Fue detenido durante una misión humanitaria en septiembre de 2024 y, un año después, su familia ha tenido un contacto mínimo con él.

A pesar de que la Cancillería colombiana ha enviado 18 notas verbales al régimen de Maduro, no ha obtenido respuesta. La hermana de Tique y otros familiares de detenidos expresan su desesperación ante el silencio de las autoridades venezolanas y la aparente incapacidad del gobierno colombiano para lograr avances. Este tema se ha convertido en un punto sensible en la relación bilateral, ya que, a pesar de la fluida cooperación comercial y diplomática entre los gobiernos de Gustavo Petro y Nicolás Maduro, los asuntos humanitarios como el de los detenidos parecen estar estancados.