Esta medida, contemplada en la Constitución venezolana, le otorga poderes especiales y casi totales para actuar ante lo que su gobierno califica como una agresión inminente.

El decreto, presentado por la vicepresidenta Delcy Rodríguez, faculta al Ejecutivo para movilizar a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en todo el país, asumir el control militar de infraestructuras estratégicas y servicios públicos, cerrar fronteras y activar a los 4,5 millones de milicianos que el chavismo asegura tener. Según Rodríguez, “este decreto es de efecto inmediato para darle plenas facultades al presidente Nicolás Maduro para desplegar a la Fuerza Armada en todo el país y tomar militarmente todas las infraestructuras de servicios”.

La medida se justifica como un blindaje necesario para proteger la soberanía nacional.

Sin embargo, ha encendido las alarmas de organizaciones de derechos humanos y analistas, quienes advierten sobre los riesgos que conlleva. Entre las principales preocupaciones se encuentran la opacidad del texto del decreto, que no ha sido publicado en su totalidad, y la posibilidad de que se utilice para restringir derechos constitucionales de manera indefinida, crear una “economía de guerra” y permitir expropiaciones sin un marco jurídico claro. Críticos señalan que, bajo el pretexto de una amenaza externa, el gobierno podría profundizar la represión interna y anular cualquier forma de disidencia.