Los detenidos enfrentan procesos judiciales opacos, a menudo acusados de delitos graves como mercenarismo o paramilitarismo sin pruebas claras ni garantías procesales.

Uno de los casos más emblemáticos es el de Manuel Alejandro Tique, un ingeniero industrial que trabajaba para la ONG Consejo Danés para Refugiados.

Fue detenido por la guardia venezolana en septiembre de 2024 en Apure mientras realizaba una misión humanitaria y, un año después, su familia solo ha podido contactarlo una vez. A pesar de que la Cancillería colombiana ha enviado 18 notas verbales al gobierno de Maduro solicitando información, no ha habido respuesta.

Su caso no es aislado.

Las familias de los 37 detenidos contabilizados por la cancillería denuncian una total falta de información sobre los motivos de su captura y su estado de salud. Este tema parece estar ausente en la agenda pública del gobierno colombiano, que ha priorizado la relación comercial y diplomática con Caracas por encima de los asuntos humanitarios. Organizaciones como el Consejo Danés para Refugiados han hecho un llamado directo al presidente Gustavo Petro para que se involucre personalmente en la negociación por la liberación de los connacionales, siguiendo el ejemplo de otros países como Estados Unidos, que han logrado la liberación de sus ciudadanos. La falta de acción y la incertidumbre que rodea a estos casos exponen la fragilidad de la protección consular y los complejos dilemas diplomáticos en la relación con el régimen de Maduro.