La tensión entre Estados Unidos y Venezuela ha escalado a un nivel crítico, marcado por un significativo despliegue militar estadounidense en el mar Caribe y una contundente respuesta del gobierno de Nicolás Maduro. Esta situación ha generado un clima de confrontación directa que domina la agenda geopolítica regional. La administración del presidente Donald Trump ha intensificado su presencia en el Caribe con buques de guerra, destructores, un submarino de propulsión nuclear y cazas F-35, justificando el despliegue como parte de operaciones antinarcóticos dirigidas a desmantelar redes vinculadas al “Cartel de los Soles”. Informes de prensa, citando fuentes del gobierno estadounidense, revelaron que se estarían evaluando planes para realizar ataques selectivos con drones e incursiones terrestres contra narcotraficantes en territorio venezolano.
Esta postura se vio reforzada por las declaraciones de Trump, quien advirtió que “hará saltar por los aires” a las embarcaciones sospechosas.
En respuesta, el gobierno venezolano ha denunciado un plan para forzar un “cambio de régimen” y una “amenaza militar ilegal”. Nicolás Maduro ha ordenado la realización de ejercicios militares como la operación “Caribe Soberano 200”, simulacros de protección civil y el entrenamiento de la población en el manejo de armas, pidiendo a los campesinos estar listos para “tomar las armas”. Adicionalmente, Maduro ha evaluado declarar un “estado de conmoción exterior”, una medida constitucional que le permitiría suspender garantías para movilizar a la nación frente a lo que califica como una agresión. La situación ha generado temor entre la población civil, como los pescadores venezolanos, quienes temen por su seguridad ante la posibilidad de enfrentamientos.
En resumenLa creciente presencia militar de Estados Unidos en el Caribe, justificada como una operación antinarcóticos, ha sido interpretada por Venezuela como una amenaza directa a su soberanía. La respuesta del gobierno de Maduro ha sido la movilización de sus fuerzas armadas, el entrenamiento de civiles y la consideración de medidas de excepción, elevando el riesgo de un conflicto abierto en la región.