La acción se enmarca en los esfuerzos internacionales por rastrear y embargar activos presuntamente derivados de la corrupción y el narcotráfico. Según las autoridades estadounidenses, la propiedad fue vendida a José López Bello, a quien identifican como el testaferro (“prestanombres”) del ministro venezolano Tareck El Aissami, descrito como un “socio de Nicolás Maduro”. La incautación es resultado del interés de Estados Unidos en la fortuna que, según afirman, ha acumulado el líder venezolano a través de rutas de narcotráfico que atraviesan Venezuela. La mansión cuenta con características de lujo extremo, como balcones con vista al mar, piscina de borde infinito, helipuerto y vigilancia las 24 horas. La confiscación de este tipo de bienes de alto valor en el extranjero representa un golpe a las estructuras financieras del chavismo y envía un mensaje sobre la persecución de activos ilícitos a nivel global. El operativo incluyó además el decomiso de aviones, joyas, autos y dinero, como parte de una estrategia más amplia para presionar al régimen venezolano.