Estas acciones reflejan una preparación activa para un eventual conflicto armado.

Una de las principales medidas en evaluación es la declaración de un “estado de conmoción exterior”, figura contemplada en la Constitución que permitiría al Ejecutivo suspender garantías y movilizar recursos nacionales durante 90 días prorrogables.

Según Maduro, el objetivo es que “toda la nación” tenga el respaldo para responder a cualquier agresión.

Esta deliberación se realiza en conjunto con los jefes de los demás poderes públicos, como el Tribunal Supremo de Justicia y la Asamblea Nacional, para “blindar constitucionalmente” las acciones del Estado. Paralelamente, el régimen ha puesto en marcha un plan de entrenamiento militar masivo para civiles. A través de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), se está capacitando a voluntarios, incluyendo mujeres y adultos mayores, en el manejo de armas como parte de un “plan de defensa territorial”.

El propio Maduro ha hecho un llamado a los campesinos para que estén “listos para tomar las armas”. Esta estrategia ha sido reforzada por declaraciones de altos funcionarios como Diosdado Cabello, quien afirmó que el presidente ordenó prepararse para una “transición de la lucha no armada a la lucha armada”. Estas preparaciones se complementan con ejercicios militares a gran escala, como la operación “Caribe Soberano 200”, demostrando una postura de defensa activa frente a lo que perciben como una amenaza inminente.