Los detenidos, que incluyen opositores, activistas, periodistas e incluso 220 niños y adolescentes, fueron sometidos a torturas sistemáticas como asfixia con bolsas plásticas, descargas eléctricas, violencia sexual y aislamiento prolongado.

El informe también registra 30 casos de desaparición forzada y cinco muertes bajo custodia estatal, atribuidas a la falta de atención médica adecuada y a condiciones de reclusión inhumanas.

La Misión concluye que existe una impunidad estructural, ya que el sistema judicial y el Ministerio Público no han investigado ni sancionado a los responsables, y en cambio, han actuado con “connivencia judicial” para fabricar expedientes penales. Ante la falta de justicia a nivel nacional, el informe afirma que “la única esperanza de que las víctimas encuentren justicia recae en la comunidad internacional”.