Este caso se enmarca en un contexto más amplio.

La Misión de la ONU ha reportado que un "número sin precedente de personas extranjeras han sido detenidas y mantenidas en estricto régimen de incomunicación prolongada", configurando desapariciones forzadas. Asimismo, una ONG ha contabilizado al menos 89 presos políticos extranjeros o con doble nacionalidad en el país, incluyendo 13 colombianos, 13 españoles y seis italianos, lo que añade una capa de complejidad diplomática a la crisis de derechos humanos.