La detención prolongada y sin debido proceso de ciudadanos extranjeros y trabajadores humanitarios se ha convertido en una grave denuncia contra el gobierno venezolano, evidenciando la precariedad del estado de derecho en el país. Casos como el del colombiano Manuel Tique y reportes de ONGs sobre decenas de presos con doble nacionalidad han generado alertas internacionales. El Consejo Danés para Refugiados (DRC) ha pedido la liberación de Manuel Alejandro Tique, un ingeniero industrial colombiano de 33 años que trabajaba para la organización. Tique fue detenido el 14 de septiembre de 2024 mientras viajaba a Guasdualito para una capacitación humanitaria y ya completa un año en prisión sin juicio, sin abogado y con acceso limitado a la asistencia consular. Durante ocho meses, su familia no supo de su paradero hasta que una breve llamada en mayo de 2025 confirmó que estaba en la cárcel El Rodeo I. El director de DRC para América Latina, Yann Cornic, calificó la situación como una "violación flagrante a los derechos humanos más básicos".
Este caso se enmarca en un contexto más amplio.
La Misión de la ONU ha reportado que un "número sin precedente de personas extranjeras han sido detenidas y mantenidas en estricto régimen de incomunicación prolongada", configurando desapariciones forzadas. Asimismo, una ONG ha contabilizado al menos 89 presos políticos extranjeros o con doble nacionalidad en el país, incluyendo 13 colombianos, 13 españoles y seis italianos, lo que añade una capa de complejidad diplomática a la crisis de derechos humanos.
En resumenLa detención arbitraria de ciudadanos extranjeros y personal humanitario en Venezuela, como el caso del colombiano Manuel Tique, se ha convertido en un patrón de violación de derechos humanos. Estas acciones, que incluyen largos períodos de incomunicación y falta de debido proceso, generan preocupación internacional y complican las relaciones diplomáticas del gobierno de Maduro.