La represión y persecución por motivos políticos contra opositores y voces críticas se ha mantenido e intensificado en Venezuela durante 2025, especialmente tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024. Informes de organismos internacionales y denuncias de partidos políticos documentan un patrón de detenciones arbitrarias, muertes en protestas y la fabricación de expedientes penales. Según la Misión de Determinación de los Hechos de la ONU, la represión desatada a partir del 29 de julio de 2024 es una "continuación exacerbada del plan de aniquilamiento de personas opositoras". La Misión investigó 25 muertes ocurridas en protestas durante esos días, concluyendo que en al menos 12 de ellas estuvieron involucrados cuerpos de seguridad del Estado, como la Guardia Nacional Bolivariana y el Ejército, quienes dispararon armas de fuego contra manifestantes. Estas muertes, según el informe, permanecen en la impunidad. Aunque el régimen excarceló a 2.006 de las 2.220 personas detenidas en las protestas postelectorales, la represión continuó de forma selectiva.
La Misión documentó al menos 200 nuevas detenciones en 2025 contra voces críticas, con un patrón de arrestos sin base legal ni orden judicial, a menudo por individuos enmascarados. Un ejemplo reciente de esta persecución es la denuncia del partido Vente Venezuela, liderado por María Corina Machado, sobre la detención de dos de sus colaboradores en un punto de control policial en el estado Táchira.
El dirigente opositor Leopoldo López, por su parte, ha afirmado que el régimen se sostiene sobre una estructura criminal que persigue a la disidencia.
En resumenLa situación política en Venezuela se caracteriza por una intensificación de la represión tras las elecciones de 2024. Organismos internacionales y la oposición denuncian un patrón sistemático de persecución que incluye detenciones arbitrarias, muertes impunes en protestas y la criminalización de la disidencia, consolidando un ambiente de persecución por motivos políticos.