La investigación documenta más de 2.200 detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones forzadas, violencia sexual y asesinatos en protestas. La responsabilidad se atribuye directamente a cuerpos de seguridad como la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), la Policía Nacional Bolivariana (PNB), el Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) y la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM). Uno de los hallazgos más graves es la detención y abuso de al menos 220 niños y adolescentes de entre 13 y 17 años, quienes fueron sometidos a "incomunicación, tratos crueles, inhumanos o degradantes, actos de violencia sexual, y violaciones al debido proceso". Tras las elecciones del 28 de julio de 2024, la Misión determinó que de 25 muertes en protestas, los cuerpos de seguridad del régimen estuvieron involucrados en al menos 12, y que estas muertes permanecen en la impunidad.

Además, se investigaron cinco muertes bajo custodia estatal, concluyendo que el Estado no actuó con la debida diligencia.

La tortura es descrita como un mecanismo recurrente, con métodos como asfixia con bolsas plásticas, descargas eléctricas en genitales y amenazas de violación.