Las víctimas son opositores, activistas, periodistas, defensores de derechos humanos e incluso sus familiares, incluyendo 220 niños, niñas y adolescentes. El informe describe métodos de tortura recurrentes como golpes, asfixia, descargas eléctricas y privación de alimentos, y califica las condiciones en centros de reclusión como Tocorón y Tocuyito de inhumanas.

Además, se documentaron 30 casos de desaparición forzada y violencia sexual contra mujeres y personas LGBT.

La Misión concluye que en Venezuela prevalece una “impunidad estructural”, ya que el Estado no ha investigado ni sancionado a los responsables, manteniendo un clima de miedo que impide el acceso a la justicia. Estas conclusiones se suman a denuncias previas sobre la crisis humanitaria, como la mencionada en otro artículo sobre una migración forzada de más de 9 millones de personas en 10 años, pintando un panorama desolador de la situación de los derechos fundamentales en el país.