El primer ataque, ocurrido el 2 de septiembre, dejó 11 fallecidos.

Posteriormente, Trump anunció un segundo incidente que resultó en la muerte de tres “terroristas varones” y un tercero sin ofrecer mayores detalles, acompañando uno de sus anuncios con un video que muestra la explosión de una lancha en alta mar.

Trump ha sido directo en su advertencia: “Si se transportan drogas que pueden matar a estadounidenses, ¡¡vamos a cazaros!!”.

El gobierno de Nicolás Maduro ha calificado estos hechos como una “pena de muerte marítima” y una “confesión pública de un crimen injustificable, sin derecho a la defensa, sin juicio, sin ley”. Expertos del Consejo de Derechos Humanos de la ONU han cuestionado la legalidad de estas acciones, afirmando que “el derecho internacional no permite que los gobiernos simplemente asesinen a presuntos traficantes de drogas” y que estas actividades deben ser procesadas bajo el Estado de derecho. Analistas legales señalan que la destrucción total de la evidencia —embarcación, carga y cuerpos— impide un proceso judicial justo y podría constituir ejecuciones extrajudiciales, un crimen que, según el académico Tulio Alberto Álvarez-Ramos, convierte el poder militar en un sustituto del poder judicial, dejando a las víctimas sin posibilidad de verdad ni justicia.