Calificó a las víctimas como "narcoterroristas de Venezuela" y afirmó que las embarcaciones transportaban drogas ilegales.

El primer ataque, ocurrido el 2 de septiembre, dejó 11 muertos, mientras que un segundo ataque confirmado el lunes siguiente causó la muerte de otras tres personas. El gobierno estadounidense no ha proporcionado detalles sobre un tercer incidente.

Nicolás Maduro reaccionó enérgicamente, calificando la acción como una "pena de muerte marítima" y un "crimen injustificable, sin derecho a la defensa, sin juicio, sin ley".

Expertos del Consejo de Derechos Humanos de la ONU expresaron su alarma, señalando que "el derecho internacional no permite que los gobiernos simplemente asesinen a presuntos traficantes de drogas" y que estas acciones podrían constituir ejecuciones extrajudiciales. La administración Trump, por su parte, invoca la legislación post-11 de septiembre para justificar los ataques en aguas internacionales.