El gobierno de Nicolás Maduro ha ordenado una significativa militarización de la frontera con Colombia, desplegando miles de efectivos y equipamiento militar en puntos estratégicos como los puentes internacionales que conectan el estado Táchira con Norte de Santander. Esta medida es una respuesta directa a la creciente presión de Estados Unidos y ha generado alarma y preocupación entre empresarios y ciudadanos de la zona fronteriza. El despliegue incluye al menos 8.000 efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana, cuerpos de investigación y milicias, reforzando la presencia militar que ya se había anunciado en agosto con el envío de 15.000 hombres y mujeres, vehículos y drones. La presencia de las Unidades de Reacción Rápida de las Fuerzas Armadas se ha hecho visible en los puentes internacionales, donde incluso se interrumpió el paso de vehículos y peatones durante un acto protocolario.
Esta movilización ha generado una fuerte preocupación en la región.
Empresarios del comercio internacional, como Sandra Inéz Guzmán de FITAC, han expresado su temor ante un posible cierre de la frontera, lo que tendría un impacto económico negativo.
“Necesitamos tranquilidad, que las fronteras permanezcan abiertas, que la economía siga activa”, declaró Guzmán, subrayando que los puentes no deben cerrarse por temas políticos. Los ciudadanos que cruzan diariamente la frontera también han manifestado su inquietud ante la posibilidad de enfrentamientos. A pesar de la tensión, se ha reportado una disminución en el flujo migratorio, posiblemente debido a la incertidumbre. Por su parte, el gobernador de Norte de Santander, William Villamizar, enmarcó las acciones de Venezuela dentro de la autonomía de cada país para vigilar su frontera, considerando que un mayor control puede ser beneficioso para combatir el contrabando y los grupos ilegales. Sin embargo, la medida es vista por muchos como una demostración de fuerza del régimen de Maduro en un momento de máxima tensión regional.
En resumenEl gobierno de Maduro ha desplegado miles de militares y milicianos en la frontera con Colombia, especialmente en los puentes internacionales del Táchira. Esta militarización, en respuesta a la presión de EE. UU., ha generado preocupación entre empresarios y ciudadanos por el impacto económico y el riesgo de un cierre fronterizo.