Estas acciones, justificadas por Washington como parte de su lucha antinarcóticos, son calificadas por Caracas como crímenes y una agresión militar directa.

El presidente Trump anunció que las fuerzas estadounidenses “eliminaron” un total de tres embarcaciones, causando la muerte de sus tripulantes, a quienes calificó de “narcoterroristas”. En un mensaje en su plataforma Truth Social, acompañado de un video que muestra la explosión de una lancha, afirmó que los fallecidos transportaban narcóticos ilegales, “un arma venenosa mortal para los estadounidenses”.

La respuesta del gobierno venezolano fue contundente.

Nicolás Maduro calificó los hechos como una “pena de muerte marítima” y un “crimen injustificable, sin derecho a la defensa, sin juicio, sin ley, sin respeto al derecho internacional”.

Estas acciones unilaterales han generado preocupación más allá de Venezuela. Expertos citados en un comunicado del Consejo de Derechos Humanos de la ONU señalaron que “el derecho internacional no permite que los gobiernos simplemente asesinen a presuntos traficantes de drogas” y que estas actividades deben ser procesadas bajo el Estado de derecho. La administración Trump, sin embargo, invoca la legislación post 11 de septiembre de 2001, argumentando que le permite realizar estos ataques en aguas internacionales. La confrontación se intensifica con cada incidente, convirtiendo el Caribe en un escenario de potencial conflicto armado, donde la lucha contra el narcotráfico es percibida por Caracas como un pretexto para una intervención militar y un “cambio de régimen”.