Su detención es denunciada como arbitraria por organizaciones de derechos humanos y su familia.

Manuel Alejandro Tique, un ingeniero ambiental que trabajaba para el Consejo Danés para Refugiados, fue detenido el 14 de septiembre de 2024 en el estado Apure mientras realizaba una misión de capacitación a ONG locales. A pesar de contar con los permisos correspondientes, fue retenido y posteriormente acusado por el alto funcionario oficialista Diosdado Cabello de planear “acciones terroristas”. Según la Cancillería de Colombia, Tique es uno de los 38 colombianos detenidos injustamente en Venezuela desde las elecciones de julio de 2024. Su familia y empleadores denuncian que no se han formulado cargos formales en su contra y que las condiciones de su reclusión en la prisión El Rodeo son precarias. Su hermana, Diana, relató que los reclusos solo tienen una hora de patio al día, a la que son llevados encapuchados y esposados, y reciben apenas dos vasos de agua diarios.

A pesar de los esfuerzos diplomáticos del gobierno colombiano, no ha habido avances significativos para su liberación.

El presidente Gustavo Petro se ha referido al tema, señalando que “no se podrá defender Venezuela de la injusticia si la injusticia se ejerce desde el poder”.

El caso evidencia el uso de detenciones arbitrarias como herramienta política por parte del régimen venezolano y añade un componente de tensión humanitaria a las ya complejas relaciones con Colombia.