Washington sostiene que altos funcionarios del gobierno venezolano, bajo el mando de Maduro, conforman una red de narcotráfico que utiliza las instituciones del Estado para facilitar el tránsito de drogas. Basado en esta premisa, el Departamento de Justicia de EE. UU. ha ofrecido una recompensa de hasta 50 millones de dólares por información que conduzca a la captura de Maduro. Esta narrativa permite a la Casa Blanca catalogar al gobierno venezolano no como un adversario político, sino como una organización criminal transnacional, lo que a su vez abre la puerta a la aplicación de la categoría de “narcoterrorismo”. Dicha etiqueta es clave, pues proporciona un marco legal y político para justificar acciones militares unilaterales, como los recientes ataques a embarcaciones, que de otro modo podrían ser consideradas actos de guerra.

La acusación ha sido negada sistemáticamente por Caracas, que afirma que Venezuela está libre de narcocultivos.

La controversia sobre la existencia y el alcance del cartel es un punto central del conflicto; mientras Washington lo presenta como un hecho, figuras como el presidente colombiano Gustavo Petro han declarado públicamente que dicha organización “no existe”, añadiendo una capa de complejidad al debate regional.