La medida representa una de las movilizaciones más significativas de los últimos años, articulada como una respuesta directa a lo que Caracas califica de "amenaza" y "política de hostigamiento" por parte de la administración Trump. El plan contempla la activación de 284 "frentes de batalla" a nivel nacional, involucrando a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), cuerpos policiales y la Milicia Bolivariana, que según cifras oficiales supera los ocho millones de integrantes. El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, confirmó el refuerzo de la presencia militar en cinco estados estratégicos (Zulia, Falcón, Nueva Esparta, Sucre y Delta Amacuro), aumentando el contingente de 10.000 a 25.000 efectivos. Este despliegue incluye medios navales, fluviales y drones, con el objetivo de cerrar rutas del narcotráfico y proteger la soberanía. En la frontera con Colombia, particularmente en el estado Táchira, se ha reportado un notable incremento del pie de fuerza en los puentes internacionales, lo que ha generado "mucha tensión" e "incertidumbre" entre empresarios y ciudadanos que dependen del tránsito binacional.

La líder gremial Sandra Inéz Guzmán expresó su preocupación: "necesitamos tranquilidad, que las fronteras permanezcan abiertas, que la economía siga activa".

El gobierno venezolano enmarca estas acciones como un ejercicio de soberanía, con Maduro afirmando: "Estamos preparados para la lucha armada, si fuese necesario".