La confrontación entre Estados Unidos y Venezuela escaló de una guerra de palabras a una acción militar directa con el ataque a una embarcación en aguas del Caribe, que según Washington transportaba drogas y miembros del Tren de Aragua. Este incidente, que resultó en la muerte de once personas, se ha convertido en un punto de inflexión, generando denuncias de “ejecuciones extrajudiciales” por parte de Caracas y un intenso debate sobre la legalidad de la operación. Según el Pentágono, el ataque fue ejecutado por un dron MQ-9 Reaper que destruyó una lancha rápida, enviando un mensaje inequívoco sobre las capacidades y la determinación de las fuerzas estadounidenses. El secretario de Estado, Marco Rubio, defendió la acción afirmando que la única forma de detener a los cárteles es “destruyéndolos”. Sin embargo, el gobierno venezolano ha rechazado la versión estadounidense, calificando el hecho como una “masacre” y sugiriendo que el video del ataque difundido por EE.
UU. fue creado con inteligencia artificial.
Críticos y analistas han cuestionado la operación, señalando la falta de un proceso judicial y la violación de principios del Derecho Internacional Humanitario, como la proporcionalidad y la distinción. El ataque ha sido comparado con incidentes fabricados como el del Golfo de Tonkín, que sirvió de pretexto para la guerra de Vietnam. Este evento no solo demuestra la disposición de Washington a usar la fuerza letal, sino que también pone a prueba la respuesta de la comunidad internacional y aumenta drásticamente el riesgo de una represalia venezolana.
En resumenEl ataque estadounidense a una presunta narcolancha representa la materialización de la amenaza militar en el Caribe, transformando la tensión geopolítica en un conflicto cinético y sentando un peligroso precedente de acción unilateral en la región.