Colombia, en su rol de presidenta pro tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), convocó a una reunión virtual de cancilleres de urgencia para abordar la situación y reafirmar a América Latina como “Zona de Paz”. El presidente colombiano, Gustavo Petro, divulgó un comunicado respaldado por la “inmensa mayoría” de los miembros, en el que se expresaba preocupación por la presencia militar extra-regional. Sin embargo, el propio Petro admitió que el texto no era un comunicado oficial de la CELAC, ya que una minoría de países se opuso. Posteriormente, los gobiernos de Guatemala y República Dominicana se desmarcaron públicamente, aclarando que no respaldaban el comunicado y solicitando que se eliminaran sus nombres de la lista de firmantes. La canciller de Colombia, Rosa Villavicencio, calificó la presencia militar estadounidense como “desproporcionada”. En contraste, el presidente de Guyana, Irfaan Ali, expresó su apoyo al despliegue como una medida para reforzar la seguridad regional. Otros países como Argentina, Paraguay, Ecuador y Trinidad y Tobago también habrían manifestado su disposición a colaborar con Estados Unidos en acciones conjuntas contra el narcotráfico, según el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.