El gobierno de Gustavo Petro ha navegado la crisis entre EE. UU. y Venezuela con una postura matizada, rechazando una intervención militar y promoviendo el diálogo a través de la CELAC, al tiempo que coopera con Caracas en materia de seguridad fronteriza. La administración colombiana ha sido clara en su rechazo a una solución militar. La canciller Rosa Villavicencio calificó la presencia naval estadounidense como "desproporcionada", y el propio presidente Petro ha insistido en que no apoyará ninguna "invasión" en Latinoamérica. En línea con esta postura, Colombia lideró la convocatoria a una reunión de emergencia de la CELAC para defender la región como "tierra de paz". Petro también calificó como "un ultraje para América Latina" la recompensa ofrecida por EE.
UU. para capturar a Maduro.
Al mismo tiempo, el gobierno colombiano ha tomado medidas para reforzar la seguridad en la volátil frontera de más de 2.200 kilómetros. En una acción coordinada con Venezuela, Petro ordenó el despliegue de 25.000 soldados en la región del Catatumbo, una zona con fuerte presencia de grupos armados como el ELN y disidencias de las FARC. Esta movida se enmarca en la "Operación Binacional de Soberanía, Paz y Seguridad Absoluta", que busca combatir el narcotráfico de manera conjunta.
Nicolás Maduro agradeció públicamente a Petro por su "posición patriótica y bolivariana", afirmando que "quien se mete con Venezuela se mete con Colombia".
Esta dualidad refleja el complejo rol de Colombia como un actor clave que busca evitar un conflicto regional mientras atiende sus propias urgencias de seguridad interna.
En resumenColombia se ha posicionado como un mediador regional clave, condenando una posible intervención estadounidense y promoviendo una solución diplomática, al tiempo que aumenta la coordinación militar con Venezuela para gestionar la seguridad en su volátil frontera compartida.