El análisis de la situación revela una movilización de gran escala que incluye destructores, un crucero lanzamisiles, un submarino nuclear de ataque rápido y entre 4.000 y 8.500 efectivos. La Casa Blanca defiende la operación como parte de su estrategia antidrogas, dirigida específicamente contra el denominado 'Cartel de los Soles', y asegura contar con el respaldo de varios países latinoamericanos. Sin embargo, la magnitud del despliegue ha generado comparaciones con la invasión a Panamá en 1989. El embajador de Venezuela en Trinidad y Tobago, Álvaro Sánchez Cordero, denunció que la presencia de un submarino nuclear viola el Tratado de Tlatelolco de 1967, que declaró a la región zona libre de armas nucleares, calificando la acción de “imprudente e irresponsable”. Por su parte, el exembajador de EE.

UU. en Venezuela, James Story, matizó las intenciones, describiendo la operación como una “muestra de fuerza” y no como “una fuerza de invasión” o “un enfrentamiento militar total”. Esta dualidad en las narrativas mantiene a la región en un estado de máxima alerta, con un debate abierto sobre si el objetivo final es la contención del narcotráfico o forzar un cambio de régimen en Venezuela.