Ante la escalada militar en el Caribe, el gobierno de Nicolás Maduro ha recurrido a las Naciones Unidas en un intento por frenar diplomáticamente las acciones de Estados Unidos. Caracas ha denunciado formalmente el despliegue naval, incluido un submarino de ataque rápido de propulsión nuclear, como una "grave amenaza a la paz y la seguridad regionales". La Misión Permanente de Venezuela ante la ONU presentó una denuncia formal dirigida al secretario general, António Guterres, en la que detalla la "escalada de acciones hostiles" por parte de Washington. El documento acusa a Estados Unidos de violar el Tratado de Tlatelolco de 1967, que declara a América Latina y el Caribe como una zona libre de armas nucleares. Según la denuncia, la presencia del submarino nuclear USS Newport News en la región contraviene el compromiso estadounidense de respetar el carácter desnuclearizado de la zona. El embajador venezolano en Trinidad y Tobago, Álvaro Sánchez Cordero, reforzó esta postura, calificando la acción como "imprudente e irresponsable". En su comunicación a la ONU, el gobierno venezolano solicitó el cese inmediato del despliegue militar, exigió "garantías claras y verificables" de que EE.
UU. no usará armas nucleares en la región y pidió consultas urgentes en los organismos internacionales pertinentes.
Esta estrategia busca enmarcar el conflicto no solo como una disputa bilateral, sino como una violación del derecho internacional y de los acuerdos de seguridad hemisféricos, con la esperanza de generar una condena de la comunidad internacional.
En resumenMediante una ofensiva diplomática en la ONU, Venezuela busca utilizar el derecho internacional y las plataformas multilaterales para contrarrestar la presión militar de Estados Unidos, presentando el despliegue naval como una amenaza nuclear que viola tratados regionales y pone en riesgo la paz.