La operación se enmarca en una estrategia de máxima presión que combina herramientas militares, judiciales y diplomáticas para erosionar la capacidad del gobierno venezolano.

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El despliegue de una considerable flota naval estadounidense en el mar Caribe, cerca de las costas venezolanas, ha escalado drásticamente las tensiones geopolíticas en la región. Esta operación, descrita como la más grande en la zona desde la invasión a Panamá en 1989, es interpretada por Caracas como una amenaza directa a su soberanía y un posible preludio a una intervención militar. La movilización, ordenada por la administración Trump, incluye destructores equipados con misiles guiados, un buque de asalto anfibio, un submarino de propulsión nuclear y un contingente de más de 4.000 infantes de marina. Oficialmente, Washington justifica el operativo como una campaña reforzada contra el narcotráfico en el hemisferio, argumentando la necesidad de frenar el flujo de drogas hacia Estados Unidos. Sin embargo, diversos analistas y el propio gobierno venezolano lo consideran un acto de presión y una “manifestación de fuerza con potencial político más amplio”. El exembajador James Story, aunque negó que se trate de una “fuerza de invasión”, la calificó como una “muestra de fuerza” y un “símbolo” de apoyo a quienes dentro de Venezuela buscan un cambio. Por su parte, el presidente Nicolás Maduro ha calificado la acción como un “zarpazo terrorista militar, inmoral, criminal e ilegal” y “amenazas extravagantes” de un “imperio en decadencia”.
La operación se enmarca en una estrategia de máxima presión que combina herramientas militares, judiciales y diplomáticas para erosionar la capacidad del gobierno venezolano.
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