Esta situación, caracterizada por la pobreza extrema y la dependencia de actividades ilícitas, es un factor clave para entender tanto la resistencia del régimen como la presión internacional. El dirigente opositor Leopoldo López afirmó que “hoy Venezuela ya dejó de ser un país petrolero” para convertirse en una economía sostenida por “el petróleo vendido al mercado negro, la extracción de oro y minerales, el contrabando y el tráfico de cocaína”. Según López, estas actividades no son controladas por carteles paralelos, sino por el propio Estado, con una participación directa de la estructura militar. Esta visión es compartida por análisis que señalan que la caída drástica de la producción de PDVSA y el impacto de las sanciones han empujado al régimen a depender de fuentes de financiamiento ilegales. La situación interna es crítica: se reporta que más del 80 % de los venezolanos vive en la pobreza, con un salario mínimo equivalente a menos de un dólar mensual y una canasta básica que supera los 500 dólares. Este colapso socioeconómico ha provocado una diáspora de casi 8 millones de personas. La ofensiva de Estados Unidos, al designar al Cartel de los Soles como organización terrorista, busca precisamente debilitar estas fuentes de financiamiento ilícito. El cerco militar y las sanciones económicas tienen como objetivo forzar una fractura interna en un régimen cuya supervivencia depende cada vez más de estas rentas criminales, mientras la población sigue siendo la principal víctima de la crisis humanitaria.