Esta acción ha elevado drásticamente la tensión geopolítica en la región, siendo interpretada por Caracas como una amenaza directa a su soberanía.

La administración Trump movilizó un considerable contingente militar que incluye destructores de misiles guiados de la clase Arleigh Burke, un submarino nuclear de ataque como el USS Newport News, un buque anfibio y más de 4.000 efectivos, entre marinos e infantes de marina. Oficialmente, Washington justifica esta operación, la más grande en la región desde la invasión a Panamá en 1989, como una ofensiva contra los carteles de la droga, en particular el denominado "Cartel de los Soles", que según EE. UU. opera con la connivencia del régimen de Nicolás Maduro. La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, advirtió que su país está preparado para “usar todo su poder” para frenar el flujo de drogas.

Sin embargo, la magnitud del despliegue ha generado un debate sobre sus verdaderas intenciones.

El exembajador de EE.

UU. en Venezuela, James Story, calificó la movilización como una “muestra de fuerza” y un “símbolo” para actores internos en Venezuela, pero aclaró que “no es una fuerza de invasión” ni un grupo para un “enfrentamiento militar total”. A pesar de estas aclaraciones, el gobierno venezolano ha denunciado la presencia militar como una violación al Tratado de Tlatelolco, que establece a América Latina como una zona libre de armas nucleares. La estrategia estadounidense parece combinar la disuasión militar con la presión judicial y económica, buscando forzar fracturas internas en el chavismo sin incurrir en los costos de una intervención directa.