La estrategia se complementa con recompensas por otros altos funcionarios, como los 25 millones de dólares ofrecidos por Diosdado Cabello.

Esta táctica de presión judicial y financiera se ha convertido en una alternativa a la intervención militar directa, un escenario que, aunque no descartado, conlleva altos costos políticos y logísticos. La medida ha sido promocionada en la frontera colombo-venezolana, donde apareció una valla publicitando las recompensas, generando aún más tensión en la ya volátil zona. Para la administración Trump, esta herramienta busca desestabilizar al régimen desde adentro, apostando a que la presión económica y la amenaza de enjuiciamiento puedan quebrar la lealtad de figuras clave del chavismo.

Maduro, por su parte, ha calificado la medida como una acción “terrorista” e “ilegal”.