Estas acciones, lideradas por Estados Unidos, incluyen recompensas millonarias y designaciones terroristas, y han sido secundadas por otros países de la región. El gobierno de Estados Unidos ha sido el actor más enérgico, elevando la recompensa por información que conduzca a la captura de Nicolás Maduro a 50 millones de dólares, a quien acusa de liderar una “conspiración narcoterrorista”. Además, el Departamento del Tesoro designó al Cartel de los Soles como “Terrorista Global Especialmente Asignado”, lo que permite la aplicación de severas sanciones. La fiscal general estadounidense, Pam Bondi, anunció la confiscación de más de 700 millones de dólares en activos vinculados a Maduro.

Siguiendo una línea similar, Paraguay designó al grupo como una organización terrorista internacional, argumentando que sus operaciones representan un riesgo para la seguridad nacional y regional.

El gobierno de Ecuador también ordenó indagar los nexos del cartel con bandas delictivas locales.

La narrativa de que el Estado venezolano funciona como una estructura criminal ha sido reforzada por figuras de la oposición. Leopoldo López afirmó que el Cartel de los Soles “no es una organización paralela, sino parte del Estado venezolano” y que el país se ha convertido en una “economía criminal” dependiente del narcotráfico y la minería ilegal. Recientemente, se ha informado que Ovidio Guzmán López, hijo de 'El Chapo', habría colaborado con la justicia estadounidense señalando a Maduro como jefe del cartel.