Esta acción, la más grande en la región desde la invasión a Panamá en 1989, ha elevado drásticamente la tensión geopolítica.

El despliegue está compuesto por el Grupo Anfibio Iwo Jima, que incluye el buque de asalto USS Iwo Jima y los transportes USS Fort Lauderdale y USS San Antonio, junto a la 22ª Unidad Expedicionaria de Infantes de Marina, sumando entre 4.000 y 4.700 efectivos. A esta fuerza se añaden los destructores de misiles guiados USS Gravely, USS Jason Dunham y USS Sampson, equipados con el sistema Aegis, además de aviones de patrulla P-8 Poseidon y al menos un submarino de ataque nuclear. La Casa Blanca ha justificado la operación como un esfuerzo para “frenar el flujo de drogas hacia Estados Unidos” y ha advertido, en palabras de la portavoz Karoline Leavitt, que Washington está preparado para “usar todo su poder” para llevar a los responsables ante la justicia. Esta movilización se enmarca en la Orden Ejecutiva 14157 firmada por el presidente Donald Trump, que etiqueta a los carteles de la droga como organizaciones terroristas extranjeras (FTO). Analistas y gobiernos de la región interpretan la maniobra no solo como una campaña antinarcóticos, sino como una estrategia de “presión máxima” contra el gobierno de Nicolás Maduro, al que Washington no reconoce como legítimo y acusa de liderar el Cartel de los Soles. La magnitud de la fuerza desplegada ha abierto el debate sobre si se trata de una táctica de coerción, el preludio de ataques selectivos a infraestructura del narcotráfico o una medida para forzar un cambio de régimen sin recurrir a una invasión a gran escala.