Al igual que Noriega, el gobierno de Nicolás Maduro es acusado por Washington de tener vínculos directos con el narcotráfico y de liderar una estructura criminal. En ambos casos, Estados Unidos ofreció una recompensa millonaria por la captura del líder (un millón de dólares por Noriega, cincuenta por Maduro) y desconoció la legitimidad de sus gobiernos tras procesos electorales cuestionados.

El despliegue de una fuerza naval significativa como preludio a una posible acción más directa es otra táctica que resuena con los eventos de 1989.

Sin embargo, las diferencias son notables.

Venezuela es un país considerablemente más grande que Panamá, con una capacidad militar superior y, fundamentalmente, con alianzas internacionales estratégicas con potencias como Rusia, China e Irán, que no existían en el caso panameño. Además, el chavismo lleva 26 años en el poder, un periodo en el que ha logrado permear todas las instituciones del Estado y consolidar un control social y militar mucho más profundo que el que tuvo Noriega.

Por estas razones, una intervención militar directa en Venezuela tendría un costo humano, político y económico inmensamente mayor, y carece de un consenso regional o de una autorización del Consejo de Seguridad de la ONU.