Analistas y exministros han expresado escepticismo sobre la viabilidad de la iniciativa, señalando que la economía venezolana enfrenta severas limitaciones productivas y un marco legal poco atractivo para la inversión. Por ahora, la “activación” parece ser más una declaración de intenciones que un plan con un cronograma y recursos definidos, y podría interpretarse como un gesto político para fortalecer la relación con el gobierno de Gustavo Petro en un momento crítico.