La Fiscalía estadounidense no solo elevó la recompensa por Maduro, sino que también ofrece 25 millones de dólares por Diosdado Cabello y 15 millones por el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López. La acusación principal es que estas figuras lideran el 'Cartel de los Soles', utilizando la infraestructura del Estado y de las Fuerzas Armadas para facilitar el envío de toneladas de cocaína hacia Estados Unidos.

En línea con esta política, Washington ha designado a esta organización como un grupo terrorista.

La retórica oficial ha sido contundente; la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, afirmó que el régimen de Maduro “no es el gobierno legítimo de Venezuela.

Es un cartel del narcotráfico”.

A la presión judicial se suma la económica: las autoridades estadounidenses han confiscado más de 700 millones de dólares en activos presuntamente vinculados a Maduro y su entorno, incluyendo aviones privados, propiedades de lujo y vehículos. De ser capturados y juzgados en Estados Unidos, los funcionarios venezolanos enfrentarían penas que van desde los 20 años de prisión hasta la cadena perpetua.

El gobierno venezolano ha rechazado categóricamente estas acusaciones, calificándolas como una campaña de persecución política sin fundamento.