Estados Unidos despliega una fuerza militar en el Caribe y eleva la tensión con Venezuela

La administración de Donald Trump ha ordenado el despliegue de una significativa fuerza naval y aérea en el mar Caribe, cerca de las costas de Venezuela, en lo que describe como una operación para combatir el narcotráfico. Esta movilización, considerada la mayor en la región desde la invasión a Panamá en 1989, ha incrementado drásticamente la tensión geopolítica con el gobierno de Nicolás Maduro. El despliegue militar estadounidense es una de las mayores demostraciones de fuerza en la región en décadas, involucrando un contingente de entre 4.000 y 4.500 efectivos, que incluye a la 22ª Unidad Expedicionaria de Marines. La flota está compuesta por buques de asalto anfibio como el USS Iwo Jima, el USS San Antonio y el USS Fort Lauderdale, además de destructores equipados con misiles guiados como el USS Gravely, USS Jason Dunham y USS Sampson. La operación se complementa con un submarino de ataque de propulsión nuclear y aviones de reconocimiento P-8 Poseidon. La justificación oficial de Washington es la lucha contra el narcoterrorismo, dirigida a organizaciones que ha designado como terroristas, entre ellas el Cartel de los Soles y el Tren de Aragua, ambos de origen venezolano. La Casa Blanca ha adoptado una postura firme; su portavoz, Karoline Leavitt, declaró que Estados Unidos está “preparado para usar todo su poder” para frenar el flujo de drogas. Analistas y gobiernos de la región interpretan la maniobra no solo como una operación antinarcóticos, sino como una herramienta de presión directa sobre el gobierno de Maduro, lo que ha reavivado el temor a una posible intervención militar. Fuentes anónimas citadas en los informes no descartan que los activos militares puedan ser utilizados para “ataques selectivos” si se autoriza, lo que subraya la gravedad de la escalada.

En resumen

El despliegue de una gran fuerza militar estadounidense en el Caribe, oficialmente para operaciones antinarcóticos, ha escalado significativamente las tensiones con Venezuela, alimentando la especulación sobre una posible intervención militar y provocando fuertes reacciones de Caracas y la comunidad internacional.

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EE. UU. intensifica su ofensiva política y judicial contra Venezuela con nuevas acusaciones de la DEA

Washington endurece su postura hacia Caracas en una estrategia que mezcla presiones judiciales con narrativa de “narcoterrorismo”. En un nuevo capítulo de su prolongada confrontación con el gobierno venezolano, el director de la Administración de Control de Drogas (DEA), Terry Cole, lanzó este viernes acusaciones graves y sin evidencia pública contra el presidente Nicolás Maduro, a quien señaló de cooperar con grupos armados colombianos para traficar cocaína hacia Estados Unidos. “Venezuela se ha convertido en un Estado narcoterrorista”, declaró Cole, repitiendo una narrativa habitual de Washington que ha sido utilizada en el pasado para justificar sanciones, bloqueos económicos e incluso amenazas de intervención militar. Según el funcionario, habría una colaboración entre sectores venezolanos y las disidencias de las Farc y el ELN, sin ofrecer detalles verificables ni pruebas independientes. Cole afirmó que Estados Unidos enfrenta cifras récord de incautaciones de drogas, incluyendo cocaína, metanfetamina y fentanilo, sustancias cuya producción y distribución involucra redes criminales de múltiples países, incluidos actores estadounidenses, pero que, en esta ocasión, fueron utilizadas para justificar ataques diplomáticos contra Venezuela. Reacciones desde la Casa Blanca La vocera Karoline Leavitt respaldó las acusaciones del director de la DEA y reiteró la posición del presidente Donald Trump, quien ha sostenido una línea de confrontación extrema con América Latina, particularmente con gobiernos que no se alinean con su visión ideológica. “Estamos dispuestos a usar todos los recursos del poder estadounidense”, afirmó Leavitt, en una declaración que revive las sombras del intervencionismo histórico en la región. Washington también reafirmó su negativa a reconocer a Maduro como presidente legítimo de Venezuela, a pesar de que su mandato ha sido refrendado en procesos electorales internos que, más allá de sus limitaciones, deben ser evaluados desde una perspectiva de soberanía nacional y respeto al derecho internacional. Recompensas millonarias y judicialización geopolítica A inicios de agosto, el Gobierno de EE. UU. duplicó la recompensa por información que lleve a la captura de Nicolás Maduro, elevándola a 50 millones de dólares. Esta estrategia, más propia de tiempos de guerra que de relaciones diplomáticas, se suma a un historial de medidas unilaterales que han contribuido al deterioro económico y social de Venezuela. Según el Departamento de Justicia estadounidense, se han incautado decenas de toneladas de cocaína supuestamente vinculadas al gobierno venezolano, así como bienes y activos millonarios. Sin embargo, expertos independientes han cuestionado la falta de transparencia y los fines políticos detrás de estas investigaciones. Escalada regional y tensiones geopolíticas La creciente tensión entre Washington y Caracas se da en un contexto de militarización del Caribe, con la presencia de buques estadounidenses cerca del territorio venezolano y la movilización de fuerzas civiles organizadas por el gobierno bolivariano en defensa de su soberanía. Este escenario preocupa a organismos internacionales y movimientos sociales que abogan por soluciones diplomáticas y diálogo político. Contexto y antecedentes Las acusaciones contra Venezuela no son nuevas, y forman parte de una campaña sostenida de presión que ha incluido sanciones, bloqueo económico, aislamiento internacional y desinformación mediática. Mientras tanto, las causas estructurales del narcotráfico —como el consumo masivo en EE. UU., el lavado de dinero en el sistema financiero global y la desigualdad socioeconómica— siguen sin abordarse con la seriedad que merecen. Organizaciones defensoras de los derechos humanos, redes de solidaridad y voces progresistas a nivel mundial han pedido el fin del acoso judicial y económico contra Venezuela, y han instado a que se retome una vía de entendimiento basada en el respeto mutuo, el derecho internacional y la autodeterminación de los pueblos.

Nariño Hoy

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