El Decreto Ejecutivo No.

93, emitido por la presidencia ecuatoriana, justifica la medida al considerar que dicha estructura criminal constituye “una amenaza para la población nacional, el orden constituido, la soberanía e integridad del Estado”. Esta acción sigue los pasos de la administración Trump, que en julio incluyó al cartel en su lista de organizaciones terroristas internacionales. Estados Unidos acusa directamente al presidente Nicolás Maduro de comandar esta red, que presuntamente ha infiltrado las altas esferas del poder en Venezuela para facilitar el narcotráfico. Como consecuencia del decreto, el Centro Nacional de Inteligencia de Ecuador evaluará la influencia de esta organización en el país y coordinará operaciones con agencias extranjeras para combatirla. La decisión de Ecuador contrasta con la postura del gobierno venezolano; el ministro de Interior, Diosdado Cabello, ha calificado las acusaciones como un “invento” de Estados Unidos para “manipular”. La medida de Noboa añade una nueva dimensión a la presión sobre Caracas, mostrando una fractura en la postura de los países sudamericanos frente a las acusaciones de Washington.