Este lenguaje refleja un acuerdo entre las 60 naciones participantes sobre la gravedad de la situación.

Además, la declaración respalda "todos los esfuerzos encaminados a lograr un alto el fuego sostenible y a promover el diálogo político orientado a una paz justa, integral y duradera". El documento subraya que cualquier solución debe estar en conformidad con el derecho internacional y respetar plenamente los principios de la Carta de las Naciones Unidas. De manera crucial, los líderes reafirmaron su adhesión a principios como "el arreglo pacífico de las controversias y el principio de integridad territorial y soberanía". La inclusión de este punto en la declaración final es significativa, ya que alinea a las naciones de América Latina y el Caribe con la postura europea en la defensa del orden internacional basado en reglas, en un momento de crecientes tensiones geopolíticas globales.