Esta decisión implica que, en general, los viajeros rusos deberán solicitar un visado cada vez que deseen ingresar al bloque, haciendo el proceso más costoso, riguroso y lento.

La justificación de la UE se basa en el aumento de riesgos para el “orden público y la seguridad interior”, citando el uso de la migración como un arma por parte de Rusia (“weaponisation of migration”), así como el incremento de actos de sabotaje y otros incidentes de seguridad que afectan al bloque casi cuatro años después del inicio de la invasión a gran escala. La medida no es totalmente nueva, sino que profundiza las restricciones iniciadas en 2022 con la suspensión de un acuerdo de facilitación de visados. Sin embargo, la política no es un cierre total, ya que se contemplan excepciones muy limitadas para ciertas categorías de personas, como disidentes rusos, periodistas independientes y defensores de los derechos humanos.

Esto sugiere que el objetivo es presionar al Estado ruso y a la población en general, sin cerrar completamente las puertas a quienes se oponen al Kremlin.

La implementación de esta política refuerza una postura de seguridad unificada en toda la UE, aunque la emisión final de visados sigue siendo competencia de cada Estado miembro.