Sin embargo, las promesas económicas a menudo ocultan una realidad de engaños, altos riesgos y consecuencias devastadoras para ellos y sus familias.

Se estima que más de 200 colombianos han participado en la guerra, atraídos por ofertas que circulan en redes sociales como Telegram.

Los reclutadores prometen contratos con pagos mensuales que oscilan entre 2.000 y 3.000 dólares, una suma tentadora para muchos.

La experiencia táctica y el manejo de armas de los exmilitares colombianos los convierten en perfiles atractivos para las fuerzas ucranianas. No obstante, la realidad en el frente es cruda.

Familiares denuncian que muchos son reclutados con “engaños”, sin un conocimiento claro de las condiciones reales del conflicto o de los peligros a los que se enfrentan.

Las cifras oficiales de la Cancillería colombiana son alarmantes: al menos 64 ciudadanos han muerto en combate y otros 122 están reportados como desaparecidos. Historias como la de Javier Enrique López Olaya, un militar retirado que perdió contacto con su familia tras ingresar a un campo de entrenamiento, reflejan la angustia y la incertidumbre que viven sus seres queridos. Este fenómeno plantea serios interrogantes sobre la regulación del mercenarismo, la protección de los ciudadanos en el exterior y el impacto social de una guerra lejana que está cobrando vidas colombianas y dejando un rastro de dolor en familias de ciudades como Cartagena, Barrancabermeja y Piedecuesta.