Los ataques, que se extendieron por al menos nueve regiones, incluyendo Kiev, Zaporiyia y Dnipropetrovsk, fueron llevados a cabo con una combinación de misiles de crucero y drones kamikaze de fabricación iraní. El Ministerio de Energía ucraniano confirmó daños significativos en varias centrales eléctricas, lo que resultó en apagones generalizados que dejaron a más de un millón de personas sin electricidad, además de interrupciones en el suministro de agua y gas. Mientras que el Kremlin afirmó que los bombardeos estaban dirigidos contra instalaciones del “complejo militar-industrial ucraniano”, las autoridades de Kiev denunciaron la ofensiva como un ataque deliberado contra la población civil. El objetivo, según Ucrania, es “usar el invierno como arma de guerra”, creando condiciones de vida insostenibles para quebrar la moral y la resiliencia del pueblo ucraniano. La escala y la precisión de los ataques sobre infraestructuras críticas demuestran una estrategia calculada para infligir el máximo daño posible a la capacidad del país para funcionar, afectando no solo la vida cotidiana de los ciudadanos, sino también la operatividad de hospitales, industrias y servicios de emergencia.