Políticamente, el presidente Macron fue explícito al señalar a Rusia como responsable y prometer que se buscará justicia, declarando: “Haremos que los responsables respondan”. La catalogación del hecho como un posible crimen de guerra es significativa, ya que implica que el ataque podría ser juzgado bajo el derecho internacional humanitario, que protege a los civiles y, de manera específica, a los periodistas en zonas de conflicto. La investigación podría, eventualmente, derivar en la emisión de órdenes de arresto internacionales contra los responsables materiales e intelectuales del ataque.