La decisión de la Fiscalía francesa de abrir una investigación bajo la calificación de "crímenes de guerra" es un paso significativo que diferencia esta muerte de otras bajas en el conflicto. Esta acción judicial implica que el Estado francés buscará activamente determinar las responsabilidades penales individuales detrás del ataque, con el objetivo de llevar a los culpables ante la justicia. El Gobierno francés ha manifestado su determinación de que los responsables respondan por sus actos, lo que podría generar mayores tensiones diplomáticas con Moscú. Este caso subraya los inmensos riesgos que enfrentan los periodistas y profesionales de los medios de comunicación que cubren el conflicto en Ucrania, quienes a menudo se convierten en objetivos directos en violación del derecho internacional humanitario. La investigación podría sentar un precedente importante en la persecución de crímenes contra la prensa en zonas de guerra.