El presidente Volodímir Zelenski confirmó que las agresiones dejaron sin suministro eléctrico a aproximadamente 100.000 viviendas e informó que los servicios de emergencia trabajaban para restaurar el servicio. El Ministerio de Energía de Ucrania denunció la ofensiva como un "ataque terrorista de gran magnitud", afirmando que los drones asaltaron intencionalmente infraestructuras energéticas y de transporte de gas. En la región de Poltava se reportaron "daños significativos" en instalaciones gasísticas. El ministerio ucraniano interpreta estos actos como "una extensión de la política deliberada del país ruso de aniquilar la infraestructura civil de Ucrania antes de que comience el invierno". Esta campaña sistemática de destrucción no solo busca generar una crisis humanitaria al afectar a la población civil, sino también presionar al gobierno de Kiev en un momento crucial del conflicto, repitiendo una táctica ya utilizada en años anteriores para explotar la vulnerabilidad del país durante los meses más fríos.