Previo a la temporada decembrina, la Alcaldía de Santa Marta ha desplegado una serie de operativos integrales en el Centro Histórico para recuperar el espacio público y combatir la delincuencia. Las intervenciones, lideradas por varias secretarías y la fuerza pública, buscan garantizar la seguridad y el orden en uno de los corredores comerciales más importantes de la ciudad. Los operativos, comisionados por el alcalde Carlos Pinedo Cuello al secretario de Gobierno, Camilo George, tienen como objetivo principal garantizar espacios libres de drogas, evitar la circulación de motocicletas en zonas prohibidas, controlar la ocupación ilegal del espacio público, el ruido excesivo y combatir delitos como la trata de menores y la explotación laboral infantil. En estas acciones participan las secretarías de Gobierno y Seguridad, la Unidad Defensora del Espacio Público (VEPCU), la Policía Nacional, el Ejército, la Personería y el ICBF. Como resultado de las primeras jornadas, se realizó el cierre temporal de seis establecimientos comerciales por incumplimiento de requisitos legales y la inmovilización de cerca de 10 motocicletas que circulaban por la Carrera Quinta a pesar de las prohibiciones. Sin embargo, los operativos no han estado exentos de controversia.
La administración denunció y rechazó agresiones a funcionarios, específicamente a un vigía de la VEPCU, y anunció acciones legales. Paralelamente, en redes sociales circularon videos que mostraban a funcionarios de la misma entidad agrediendo a un vendedor ambulante, aunque la administración negó haber violentado a los vendedores.
El secretario de Seguridad, Carlos Bernal Cruz, reiteró el compromiso de continuar con estas acciones “con el propósito de lograr que Santa Marta sea una ciudad más segura y en paz”.
En resumenLa Alcaldía de Santa Marta intensificó los operativos en el Centro Histórico para recuperar el orden y la seguridad, logrando el cierre de comercios y la inmovilización de vehículos infractores. A pesar de los resultados, las jornadas han generado tensiones, incluyendo agresiones a funcionarios y denuncias de abuso de autoridad, evidenciando los desafíos de estas intervenciones.
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