Más de 5.000 uniformados, incluyendo policías y militares, fueron distribuidos estratégicamente en los 30 municipios para prevenir cualquier alteración del orden público.

El dispositivo, liderado por la Policía Nacional, contó con más de 2.300 de sus miembros, apoyados por capacidades aéreas y terrestres, así como un fuerte componente de inteligencia e investigación criminal.

El objetivo era “garantizar una jornada electoral segura, ordenada y transparente”.

Se establecieron anillos de seguridad en cada uno de los 389 puestos de votación y se intensificaron los controles en vías principales y zonas rurales.

Además, se activó un Puesto de Mando Unificado (PMU) para coordinar la respuesta interinstitucional con las Fuerzas Militares, la Fiscalía, la Procuraduría y la Registraduría. El brigadier general Edwin Masleider Urrego Pedraza, comandante encargado de la región de Policía No. 8, hizo un llamado a la ciudadanía: “Cualquier observación o situación anómala que pueda observar, le recomendamos que se acerque a cualquier estación de Policía o nos informe a la línea 123”.

El despliegue también incluyó el uso de tecnología, como drones para la vigilancia aérea y ciberpatrullajes permanentes desde el Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C4) para monitorear redes sociales y combatir la desinformación.

Este blindaje electoral fue clave para que la jornada transcurriera sin incidentes graves.