Tensión política por obras públicas frena el desarrollo de infraestructura en Santa Marta

Una aguda disputa política y administrativa ha estallado entre la Alcaldía de Santa Marta y la Gobernación del Magdalena, centrada en la ejecución y legalidad de múltiples obras de infraestructura en la ciudad. El conflicto ha derivado en la inmovilización de maquinaria, acusaciones cruzadas y una parálisis que afecta directamente a las comunidades que esperan por años la materialización de estos proyectos. La controversia escaló cuando la gobernadora encargada, Ingris Padilla, denunció públicamente el bloqueo de 46 proyectos financiados por el departamento, afectando a más de 223.000 habitantes. En respuesta, la administración del alcalde Carlos Pinedo Cuello, a través del secretario de Gobierno, Camilo George, ha sostenido que no se trata de un bloqueo político, sino de un estricto cumplimiento de la ley. Según la Alcaldía, las obras paralizadas carecen de las licencias, permisos y avales técnicos requeridos para su ejecución, mientras que otros 25 proyectos que sí cumplieron con la normativa han recibido los permisos correspondientes. Los casos más emblemáticos de esta confrontación se localizan en los barrios La Paz y El Líbano. En La Paz, la comunidad se opuso a la inmovilización de maquinaria departamental que intervenía una vía, expresando su frustración con la pugna política: “De aquí no se va la maquinaria hasta que no terminen la obra”. La Alcaldía, por su parte, afirma que dicha intervención era arbitraria y buscaba “torpedear la pavimentación vial del sector” que ya había sido planificada y adjudicada por el Distrito. En El Líbano, se reportó que la instalación de tuberías invadió un predio privado, resultando en una acción de nulidad por parte del propietario. La Alcaldía ha anunciado que pondrá los hechos en conocimiento de la Fiscalía, Procuraduría y Contraloría, calificando las acciones de la Gobernación como un intento de “desinformar a la ciudadanía, con propósitos meramente politiqueros”.

En resumen

El enfrentamiento entre la Alcaldía de Santa Marta y la Gobernación del Magdalena por la legalidad de obras públicas ha provocado la paralización de proyectos clave. Mientras la Gobernación alega un bloqueo político, la Alcaldía insiste en la falta de permisos legales, dejando a las comunidades en medio de una incertidumbre que retrasa el desarrollo urbano.

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