Enfrentamiento político entre Alcaldía de Santa Marta y Gobernación del Magdalena paraliza obras públicas

La tensión política entre la Alcaldía de Santa Marta, liderada por Carlos Pinedo, y la Gobernación del Magdalena ha escalado a un conflicto abierto que está paralizando la ejecución de obras de infraestructura clave en la ciudad. La disputa se centra en acusaciones mutuas de bloqueo político y falta de cumplimiento de los requisitos legales para los proyectos. La confrontación se hizo evidente cuando la Secretaría de Tránsito del Distrito inmovilizó maquinaria de la Gobernación destinada a pavimentar calles en el barrio La Paz, un incidente que la comunidad presenció directamente, exigiendo a ambas administraciones dejar de lado la “guerra política” y priorizar el bienestar ciudadano. La Alcaldía argumenta que su actuar se ajusta a la ley, afirmando que numerosas obras departamentales, como una en el sector de El Líbano, carecen de los permisos y licencias necesarios, a pesar de haber otorgado 25 autorizaciones para otros proyectos que sí cumplieron con la normativa. La administración distrital ha sido enfática en que no existe un bloqueo político, sino una exigencia de legalidad, y ha acusado a la Gobernación de operar de manera ilegal, invadir predios privados y generar “falsas expectativas entre los residentes”. En un comunicado, la Alcaldía expresó su preocupación por el uso de las obras para “desinformar a la ciudadanía, con propósitos meramente politiqueros”. Por su parte, la Gobernación del Magdalena, a través de la gobernadora encargada Ingris Padilla, ha denunciado públicamente el bloqueo de 46 frentes de obra, afectando a más de 223 mil habitantes y acusando a la administración Pinedo de actuar de manera “mezquina”. Este choque institucional no solo retrasa soluciones de infraestructura urgentes para la comunidad, sino que también erosiona la confianza pública y amenaza con llevar la disputa a instancias legales, ya que la Alcaldía anunció que pondrá los hechos en conocimiento de la Fiscalía, Procuraduría y Contraloría.

En resumen

El conflicto entre la Alcaldía de Santa Marta y la Gobernación del Magdalena ha generado una parálisis en la infraestructura de la ciudad, donde las acusaciones de falta de permisos se enfrentan a denuncias de bloqueo político, dejando a la comunidad como la principal afectada por los retrasos en obras esenciales.

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