Un atentado sicarial en el corregimiento de Gaira, Santa Marta, ha dejado gravemente herido a Joicer Rafael Hernández Muñoz, exintegrante de las AUC y condenado por su participación en el asesinato del exdirector de Regalías de Córdoba, Jairo Zapa. El hecho, ocurrido mientras gozaba de un permiso carcelario, ha puesto de relieve la presencia de actores del conflicto en la ciudad y ha generado controversia sobre los beneficios judiciales otorgados a condenados de alta peligrosidad. Hernández Muñoz fue atacado la tarde del 8 de octubre en el sector de Villa Betel, donde recibió dos impactos de bala en el abdomen.
Se encontraba en Santa Marta con un permiso especial para visitar a sus hijos.
Fue condenado en 2019 a 23 años de prisión por el homicidio agravado y desaparición forzada de Zapa Pérez en 2014, pero solo cumplió una parte de la pena en un centro carcelario antes de obtener el beneficio de detención domiciliaria hace aproximadamente cuatro meses. Este caso ha llamado la atención sobre la situación de otros implicados en el mismo crimen que también han evadido la justicia tras recibir beneficios, como su esposa Suad Nairut López, actualmente prófuga, y el determinador del crimen, Jesús Henao Sarmiento, quien también escapó. Las autoridades policiales, que mantienen vigilancia en el hospital donde Hernández se encuentra con pronóstico reservado, investigan si el ataque está relacionado con su pasado criminal o posibles retaliaciones, sin que hasta el momento se hayan producido capturas.
En resumenEl ataque contra Joicer Hernández en Gaira es un crudo recordatorio de las secuelas del conflicto armado en Colombia. El suceso no solo evidencia los desafíos de seguridad persistentes en Santa Marta, sino que también alimenta el debate público sobre la eficacia y los riesgos del sistema de beneficios judiciales para individuos condenados por crímenes de alto impacto.