El movimiento Fuerza Ciudadana, liderado por Caicedo, ha calificado el caso como un “refrito judicial” y una persecución política. El ente acusador formalizó los cargos contra Caicedo en relación con un contrato de 2,700 millones de pesos firmado en 2015, durante su mandato como alcalde, para la reconstrucción del escenario deportivo. La Fiscalía investiga supuestos sobrecostos y otras irregularidades en la contratación.

Este caso se suma a los casi 100 procesos que enfrenta el exmandatario por su gestión.

En respuesta, Fuerza Ciudadana emitió un comunicado en el que asegura que la acusación es un “refrito” de un proceso de 2023, en el cual el Tribunal Superior de Bogotá negó una medida de aseguramiento contra Caicedo. El movimiento político argumenta que los supuestos sobrecostos fueron en realidad inversiones técnicas necesarias para transformar una “ruina total” en un coliseo funcional, que fue utilizado para competencias de los Juegos Bolivarianos de 2017. Sostienen que la acción de la Fiscalía es una persecución política orquestada por sectores de derecha para afectar la imagen de Caicedo de cara a las elecciones atípicas en el Magdalena y los comicios de 2026, utilizando “mentiras recicladas y manipuladas”.