Redondo responsabilizó a Alvarado por los daños y posibles amenazas a funcionarios, anunciando denuncias penales.

El bloqueo afectó la operación de 620 buses y a más de 18,000 usuarios diarios. La Gobernación del Magdalena rechazó los actos vandálicos y respaldó a la gerencia de la terminal. El conflicto evidencia una profunda discrepancia en la interpretación de los acuerdos y la normativa vigente, que ahora está en manos de las autoridades para su resolución.